En solo nueve meses, la presidenta Claudia Sheinbaum logró aprobar reformas que obligan al INE, la banca, telecomunicaciones y organizaciones religiosas a compartir datos de la población.
Entre los cambios destaca el uso obligatorio de la CURP biométrica para trámites públicos y privados, que incluirá huellas, iris y fotografía, incluso para niños. Además, las autoridades podrán acceder a bases de datos sin orden judicial, con multas millonarias para quienes se nieguen.
Expertos advierten que estas leyes consolidan un esquema de vigilancia masiva sin precedentes, con riesgos para la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
